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Hablemos del enemigo en la sala: violencia contra las mujeres en Yucatán, desde la casa hasta las instituciones

En la mayoría de los casos, las mujeres son víctimas más de una vez

Por Luis R. Castrillón/#ElEditordelaSemana

Foto: Mariana Cortés

El 1 de agosto de 2011 Gregorio Magaña Salazar atacó a su pareja Janie Rosaura Salazar y a cuatro menores de los que era madre, dos concebidos con él y dos con una anterior relación. Janie y dos varones, de tres y nueve años, fueron asesinados como resultado del ataque. Uno de ellos era hijo de Gregorio.

Después del ataque, Gregorio se suicidó.

Una menor y su hermano sobrevivientes huyeron de casa, mientras los hechos ocurrían, a refugiarse con vecinos de la entonces pareja. El caso fue noticia “de primeras planas”.

Ese mismo año, Gretel Rodríguez Almeida decidió huir de Yucatán ante las posibles represalias por el proceso que llevó a cabo en contra de su expareja, Germán Ortega Hernández quien dos años antes la atacó con un cuchillo dejándole dos cicatrices, una de cada lado del rostro… y una más profunda: el terror de que las autoridades pudieran reducir su sentencia, como ocurrió en junio también de 2011.

Lo que destaca entre ambos casos no es solamente la muerte de Janie, sino la ausencia de una respuesta institucional congruente con lo vivido por ambas víctimas. Esto es lo que conocemos como violencia institucional.

En el caso de Janie existían denuncias previas de abuso y violencia. Gregorio Magaña Cervantes había estado incluso en prisión. Cuando se decidió liberarlo, un grupo de especialistas en psicología y criminalística recomendó explícitamente negarle ese beneficio. El dictamen, confiado a este periodista con la condición de omitir nombres, señalaba que Magaña Cervantes era una persona que podía poner en riesgo a su familia. El dictamen no falló.

En el de Gretel, la jueza del caso, Ileana Domínguez Zapata, reclasificó el ataque de tentativa de homicidio a lesiones calificadas, en respuesta de un amparo promovido por la defensa de Ortega Hernández. Eso le ofrecía al atacante cumplir una pena máxima de tres años de prisión. Por eso Gretel Almeida decidió huir.

Por otra parte, la diferencia entre ambos casos es que Gretel Almeida contó con una mejor defensa, contratada de forma particular, y con acceso a una educación que le permitió acumular un capital intelectual que la ayudó, en medio de la experiencia y el dolor vividos, a tomar mejores decisiones, aun cuando estas fueran desesperadas.

Janie Salazar no contaba con esa ventaja: no tuvo la asesoría legal que debía y carecía de una educación escolarizada o formación intelectual que le permitiera tener más herramientas para tomar las decisiones adecuadas. Además, sin el sustento económico de su entonces pareja y posterior homicida, no tenía muchas opciones de sacar a sus cuatro hijos adelante.

Esto último también es violencia institucional: el hecho de que ella estaba en mayor desventaja por una vida en condiciones más precarias. La diferencia entre la forma en la que ambas vivieron sus procesos destaca esa violencia: una tuvo que dejar la vida que conocía y la otra fue asesinada. Ambas fueron víctimas de la violencia de las personas que las atacaron, ambas revictimizadas por las instituciones de procuración y administración de justicia de Yucatán.

¿Por qué evocar estos casos de 2011? Porque es explícitamente una denuncia: en ya casi una década, poco ha cambiado para la vida de niñas, adolescentes y mujeres en Yucatán. Sí, tenemos una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el feminicidio tipificado en el Código Penal del estado…

pero ambos marcos jurídicos son insuficientes cuando las instituciones que las deberían asesorar, brindar asistencia empáticamente, con perspectiva de género, con sensibilidad y profesionalismo, además de procurar lo que sea necesario para hacer justicia, no lo hacen y entonces son también cómplices por omisión de quien agrede a una mujer, adolescente o niña en Yucatán.

Lo saben las niñas o adolescentes que tienen que enfrentarse a sus violadores cuando estos son liberados, también las jóvenes o adultas que son cuestionadas o tratadas como si ellas fueran responsables de un ataque al denunciar ante el ministerio público.

Lo saben también las madres y padres de las niñas, adolescentes y mujeres que son violadas, acosadas, golpeadas, privadas de su libertad o víctimas de feminicidio. También las hijas e hijos de las madres que hoy ya no están con ellas y ellos.

Lo sabemos las y los periodistas que seguimos los casos. También aquellas y aquellos que ignorando o soslayando las leyes publican datos personales de las víctimas o las revictimizan haciéndolas responsables de lo que les ocurrió. Sólo basta recordar cómo se publicaron algunas notas del primer caso tipificado como feminicidio en Yucatán, en 2014, revictimizando una y otra vez a Karina de Jesús.

Lo sabemos todas y todos. No es un elefante en la sala, es el enemigo que vive en casa porque la mayor parte de los abusos, golpes, acoso, violaciones, feminicidios son obra de familiares directos o indirectos, de personas conocidas, de parejas o exparejas.

Lo saben las familias, amigas y amigos de cada una de ellas, así como de más de 30 menores que quedaron huérfanas y huérfanos:

Erika, Huhi, septiembre 2020

Norma Yolanda, Kanasín, agosto 2020

Fernanda, Mérida, agosto 2020

Irlanda, Caucel, junio 2020

Joany Cabrera, Cd. Caucel, 2020

No identificada, Mérida, mayo 2020

Jazmín C., Umán, mayo 2020

S.S.Y.C., sur de Mérida, marzo 2020

Henrrieta, Mérida, enero 2020

Silvia Elena, Mérida, diciembre 2019

Anabell, Celestún, mayo 2019

Alejandra, Maxcanú, abril 2019

Gladys y Ana, Mérida, 16 de febrero 2019

Berenice, sur de Mérida, octubre 2018

Marcelina, Kanasín, agosto, 2018

Ana Cristina, Tahdziú, agosto 2018, considerado el primer infanticidio

R. del C. L. M., Maxcanú, enero 2018

Feliciana, octubre 2017

Lourdes Marisol, Mérida, junio 2017

Esmeralda, Mérida, junio 2017

Heidi del Rocio, Peto, junio 2017

Carmelina, Tekax, mayo 2017

Emma Gabriela, Mérida, marzo 2017

Merly Guadalupe, Mérida, marzo 2017

Daniela del Rosario, Xpejil, Peto, febrero 2017

María del Socorro, Cacalchen, febrero 2017

Barbara, Mérida, 2016

Aracely Lucero, Mérida, mayo 2016

Beatriz Guadalupe, Progreso, enero 2016

Sin identificar, Mérida, 15 de octubre 2016

Sin identificar, Mérida, 2 de octubre 2016

Alejandrina, Mérida, julio 2015

Wendy Guadalupe, septiembre 2015

Maria Eloisa, marzo 2015

Nelly Rafaela, marzo 2015

Marta Eugenia, Mérida, diciembre 2014

Karina de Jesús, sur de Mérida, 2014, primer delito tipificado como feminicidio.

María Evelia, 7 años de edad, asesinada en marzo del 2013, en Mérida.

Frida Sofía, 5 años de edad, asesinada en marzo del 2012, en Izamal.

María del Carmen, Progreso, junio 2012

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