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sábado, abril 17, 2021
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Urge legislar el aprovechamiento de las reservas de agua en la Península de Yucatán

Debido a sus condiciones, los mantos acuíferos de la zona enfrentan una mayor presión por la explotación irregular y la contaminación

Por Mariana Beltrán Cortés

La sobreexplotación del agua y su contaminación en la Península de Yucatán obliga a reformular la Ley Aguas Nacionales para considerar los acuíferos en territorios kársticos como en el que se asienta esta región del país.

Para los integrantes de asociaciones como la Asamblea Socioambiental Península, el Consejo Ciudadano Agua Yucatán y el Movimiento Agua para todos, agua para la vida, esta zona “enfrenta un gran desafió a nivel nacional, debido a que las políticas de desarrollo e inversión económica en los últimos 10 años han impuesto un estrés ambiental y deterioro social en la región”.

En el marco del Día Mundial del Agua, estos grupos conformados por integrantes de instituciones académicas, científicas y organizaciones de la sociedad civil, recordó que existe una iniciativa ciudadana para modificar la mencionada legislación que fue respaldada por casi 200 mil firmas, validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pese a contar con todos los requisitos que las leyes de participación ciudadana exigen, “a un año de que el Movimiento Ciudadano Agua para Todos, agua para la vida, presentó la iniciativa todavía no se ha aprobado”.

La Dra. Guadalupe Velázquez, de la organización Puerto Morelos Sustentable mencionó que, por su cercanía a la superficie, presencia de ríos subterráneos, así como su sobreexplotación industrial, el acuífero de la península de Yucatán es altamente vulnerable a la contaminación.

Destacó que la Península de Yucatán no es una zona apta para desarrollos masivos por la vulnerabilidad del acuífero, aunque sea una de las ubicaciones con más precipitación pluvial a nivel nacional.

Por ello, agregó, sin importar que estudios de impacto ambiental se realicen del sistema kárstico, es imposible promover desarrollos masivos como los que hay actualmente sin que eso genere consecuencias.

“Yucatán ha tenido iniciativas muy importantes para declarar Zonas de Conservación, por ejemplo, (las reservas de) el Aanillo de Cenotes y Cuxtal, pero a pesar de eso se siguen autorizando concesiones a granjas porcícolas que ocupan millones de litros de agua al año”

VeinteVeinte preguntó a los activistas si hay un pronóstico concreto sobre el acaparamiento de la propiedad social de la tierra en Yucatán, debido a que estudios destacan el cambio de uso de suelo del territorio en los últimas dos décadas, así como el especial interés hacia la parte norte de la entidad y la infiltración de lixiviados, agrotóxicos y metales pesados.

Al respecto, los integrantes de la ASP indicaron que el desarrollo inmobiliario en el estado está sumamente ligado al despojo de tierras ejidales, un problema que, a pesar de declaraciones políticas, sigue existiendo.

“Es un hecho que la mancha urbana, sobre todo en el norte, sigue creciendo. Vemos como se edifican ciudades completas aun cuando generan daños al manglar, al sistema lagunar y en ese sentido la importancia de llevar a cabo políticas públicas efectivas para evitar que se sigan dando esos procesos, que están intrínsecamente relacionados con el derecho al agua”, dijo Sergio Ocearansky, de Yansa.

Asimismo, subrayaron que aun cuando se percibe una problemática generalizada en los tres estados, cada uno tiene sus particularidades.

“Campeche se caracteriza por los cambios de uso de suelo en grandes extensiones de siembra de transgénicos y uso de agroquímicos que contaminan el acuífero”, expusieron.

En Yucatán, abundaron, las vulnerabilidades abarcan la autorización de grandes corporaciones de granjas (ganaderas, porcícolas y avícolas) cerca de Áreas Naturales Protegidas (ANP), asentadas en zonas de alta conectividad hídrica y la concesión para extracción de agua a cerveceras y refresqueras.

A su vez, en Quintana Roo y costa norte de Yucatán, hay una presión desmesurada por el tsunami-inmobiliario, a costa de la destrucción de la duna y relleno de humedales, precisaron.

Denunciaron que en ninguno de los tres estados las autoridades ambientales tienen la capacidad de responder de manera oportuna a las denuncias y procesos de autorización para verificar la veracidad de las manifestaciones de impacto ambiental.

Debido a ello, exigieron al Poder Legislativo dictaminar una nueva Ley Nacional de Aguas, basada en la iniciativa ciudadana y la observancia inmediata de los siguientes parámetros:

  • Respetar la Naturaleza y los decretos para su conservación
  • Respetar el agua de pueblos y comunidades
  • Coadministrar las aguas en los territorios
  • Derecho a vetar proyectos dañinos
  • Prohibir agua para minería toxica y fracking
  • Acabar con el acaparamiento de concesiones
  • Cerrar la puerta a la privatización
  • Democratizar los servicios de agua
  • Priorizar agua para soberanía alimentaria
  • Garantizar acceso pleno a la información

Finalmente señalaron que dentro de sus exigencias está reconocer a la Península de Yucatán como territorio de Reserva Especialmente Sensible a la Contaminación y Extracción del Agua.

Deben realizarse acciones, añadieron, como la restauración de cuencas, cenotes, ojos y flujos de agua subterráneos y protegerlos de proyectos destructivos.

Es importante además regular la entrega indiscriminada de concesiones de agua a grandes corporaciones y en general a proyectos altamente contaminantes y destructivos; reconocer los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunitarios y promover sistemas municipales y metropolitanos para la sustentabilidad hídrica.

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