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sábado, abril 17, 2021
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Más vecinos de la zona norte de Mérida se suman a protesta por la demolición de “Ponte Xux”

Por Alejandro Moreno Peña

La demolición de la lonchería “Ponte Xux” es un ejemplo de abuso de poder y un claro mensaje de que la soberbia con que se manejan los funcionarios del gobierno estatal “con tal de obtener jugosos negocios”, aseguró Gabriel Zapata Martínez, representante de la familia afectada.

Durante una nueva protesta ocurrida en donde se encontraba el conocido establecimiento, en la zona norte de Mérida, Zapata Martínez aseguro que ya se sumaron más vecinos de la zona quienes apoyan a la familia, así como de la comisaría de Xcanatún, cercana al lugar.

En el caso de estos últimos, se trata de un reclamo al ayuntamiento de Mérida al que acusan que querer “despojarlos” de un campo deportivo.

Aseguró que las protestas van a seguir mientras no exista un acuerdo o resarcimiento del daño que ocasionó al patrimonio familiar la demolición del establecimiento comercial, a principios de este mes de marzo: la siguiente semana se pretende cerrar el tránsito vehicular de la salida a Progreso, donde se encontraba “Ponte Xux”.

La familia, expuso, tenía concertada una reunión con el director de Bienes Patrimoniales del estado, Jorge Góngora Medina, pero que fue suspendida porque el funcionario se comportó de forma déspota y denigrante. Además, aseguró, no permitieron el acceso del abogado de la familia y le pedían entrar a la reunión sin su teléfono móvil.

Recordó también que 4 de marzo se reunió con ese funcionario, quien le aseguró que podría llegarse a un acuerdo, pero a la noche siguiente demolieron el edificio de la lonchería.

A su vez, Jorge Martín Pech, abogado a cargo de la defensa jurídica de la familia, informó que el Juzgado 1ero. de Distrito ha concedido un amparo y la suspensión provisional de los actos del gobierno estatal sobre el predio que reclama –donde se encontraba la lonchería.

Esto implica, precisó, que el predio no puede traspasarse o cederse, así como tampoco se puede realizar obra o procedimiento alguno en el lugar hasta que un juez de Distrito ordene lo contrario.

El hecho de que se haya dado la suspensión hace que el juez tenga la presunción de que la demolición del lugar fue de manera ilegal, ya que no se contó con una autorización judicial, indicó.

“Sin bien el gobierno del estado ha manifestado ser dueño del predio, en ningún momento acudió ante un juez a demandar para obtener la recuperación del predio”, señaló.

“La demolición se hizo de noche y se robaron todo el equipamiento del local. Ya sabemos quién lo tiene porque Góngora Medina, en una reunión, informó que los muebles están en una bodega. Sólo es cuestión de que se llegue a un acuerdo para que los puedan entregar”, abundó Martín Pech.

El abogado recordó que existe una denuncia por los hechos ante la Fiscalía General del estado, a la cual se le ha solicitado que gire oficios a la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) para obtener los videos de las cámaras de seguridad para saber quiénes fueron los responsables de la demolición.

“Tenemos la certeza que los videos se grabaron, pero que la SSP no lo va entregar porque sería una prueba en su contra, ya que por experiencia cuando el gobierno está involucrado en un hecho de transito u otro asunto nunca entrega los videos argumentando que las cámaras estaban en reparación o cualquier otra excusa”, lamentó.

Precisó que en el expediente con número 618/2021 de la agencia de Cordemex –en la misma zona norte de Mérida- de la Fiscalía General del estado, consta la solicitud de los oficios para comprobar si ya pidieron las grabaciones, pero hasta la fecha no ha habido respuesta.

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