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sábado, abril 17, 2021
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Ley de identidad de género, una deuda hacia las personas trans en Yucatán

En los últimos tres años UNASSE y Equipo Indignación han acompañado jurídicamente a más de 20 personas, quienes han presentado amparos para el reconocimiento de su identidad de género, entre ellas, un niño transgénero hace dos años

Por Mariana Beltrán Cortés

La libre identidad de género permite que las personas trans tengan una vida digna: acceso a un trabajo, la posibilidad de adquirir un hogar, atención hospitalaria, ir a la escuela; jurídicamente, el reconocimiento de las identidades trans les confiere los mismos derechos que a las demás personas sin ser discriminadas.

En 2018 la exdiputada Cindy Santos Ramayo presentó una iniciativa de ley sobre identidad de género que hasta el momento no ha sido revisada. Dicha propuesta asesorada en su elaboración por UNASSE —asociación especializada en derechos sexuales y reproductivos— pedía una reforma a la Ley del Registro Civil para que a través de un procedimiento administrativo se pudiera realizar no solo el cambio de nombre, sino de sexo o género, dependiendo de cómo aparezca en el acta de nacimiento.

Amelia Ojeda, abogada y coordinadora jurídica de UNASSE A.C., explicó en entrevista para VeinteVeinte que, aunque no es algo que se pueda hacer sin la necesidad de interponer un amparo, hay personas que requieren de este trámite para no estar expuestos a la discriminación, así como para evitar obstáculos derivados por su identidad o apariencia, los cuales se contraponen a lo que dicen sus documentos legales.

“Tener trámites tardados también representa una discriminación. En el caso de Yucatán desde 2015 se puede realizar el cambio en la pauta de nacimiento, pero mediante un amparo administrativo y aunque es seguro que se podrá hacer la modificación del acta, lleva hasta tres meses”, señaló.

Al igual que en el caso del matrimonio igualitario, esta situación invalida a la diversidad sexual y en esta situación específica a las personas trans, pues segrega a quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar asesoría legal, orillándolas a pasar contextos de vulnerabilidad como “sufrir violencia y discriminación porque sus documentos legales no están acordes a sus vivencias o apariencia e identidad”, dijo Amelia.

De 2018 a la fecha, la abogada indicó que más de 20 personas han presentado amparos para el reconocimiento de su identidad de género, entre ellas, un niño transgénero hace dos años.

Asimismo, subrayó que dichas omisiones son violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación de grupos históricamente vulnerables, pues no están estableciendo mecanismos sencillos para que las personas puedan eliminar los obstáculos normativos actuales.

Al preguntarle sobre el panorama de la aprobación de una ley en la entidad al respecto, la abogada condenó que la actual legislatura ha demostrado que no hay ninguna posibilidad para este tema. Sin embargo, subrayó que hay que estar pendientes y trabajar paralelamente con la coyuntura electoral, así como conocer las agendas de los candidatos, quienes pueden quedar electos para integrar al Congreso.

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