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Amnistía Internacional documenta cómo la pandemia ahondó decenios de desigualdad, abandono y abusos en América

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La COVID-19 puso al descubierto y agravó la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia, afirma Amnistía Internacional en su Informe Anual.

El informe documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, las personas migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.

“En 2020 vimos cómo ciertos políticos de las Américas respondieron a la pandemia con una mezcla de negación, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de COVID-19”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

El continente americano es la región más afectada por COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1,3 millones de muertes Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaran una transparencia plena.

“Los gobiernos de las Américas deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad. El primer paso en esta dirección es conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división y garantizar su acceso a las vacunas contra el COVID-19. También deben tomar medidas audaces e integrales para abordar los desproporcionados efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación, garantizar que todas las personas tienen igualdad de oportunidades de vivir en condiciones de seguridad y de disfrutar de sus derechos humanos”, añadió Erika Guevara.

Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentó en 8 millones.

El mortal virus golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales, con frecuencia menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones de mayor precariedad.

Al menos 10 mil 558 trabajadores de la salud habían muerto a causa del COVID-19 hasta el 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países reporta que sus respectivos gobiernos no proporcionan condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual. En algunos casos, quienes alzaron la voz fueron sancionados, como en Nicaragua, donde al menos 31 trabajadores de la salud fueron despedidos por expresar su preocupación.

Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al COVID-19, y en algunos países se obligó a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física. Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer la enfermedad, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo.

Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, Estados Unidos detuvo y deportó sumariamente a casi todos los solicitantes de asilo en su frontera con México, y expulsó a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo de marzo de 2020 a febrero pasado, entre ellos más de 13 mil infantes no acompañados.

Las deficientes condiciones sanitarias y el hacinamiento caracterizó a muchas prisiones, donde las inadecuadas medidas del Estado negaron a los reclusos el derecho a la salud y los expusieron al contagio. Hubo al menos 90 motines en prisiones de la región para protestar por las precarias condiciones ante el aumento de la preocupación por la pandemia entre marzo y mayo.

Las restricciones asociadas a la COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020. La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho de asociación y de reunión pacífica, y se registró uso ilegítimo de la fuerza en más de 12 países.

La injusticia y la discriminación raciales persistieron, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter. La policía de Estados Unidos reprimió violentamente esas protestas y no protegió a manifestantes pacíficos de contramanifestantes violentos. Mientras tanto, la violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia; la policía mató al menos a 3 mil 181 personas —el 79% de ellas negras— entre enero y junio. La impunidad y la falta de acceso a la justicia es grave motivo de preocupación en gran parte de la región.

La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.

Muchos gobiernos no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto sigue penalizado en la mayoría de los países, lo que suponía un grave obstáculo para el derecho a la salud. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana prohíben el aborto, y 18 mujeres continúan en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.

Las personas LGBTI fueron objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.

Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el COVID-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida. Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continuaron amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizaban su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.

América Latina y el Caribe se mantiene como la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente. Colombia se mantiene como el país más letal del mundo para los defensores.

Más información:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/04/facts-figures-human-rights-americas-2020/

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