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miércoles, junio 23, 2021
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Un nombramiento polémico

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El abierto trabajo de priistas de la talla del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el súper asesor empresarial y gubernamental Ulises Carrillo Cabrera o del operador político Roger Torres Peniche en el proyecto político personal de Mauricio Vila Dosal tomó una nueva arista con el nombramiento de William Renán Sosa Altamira como secretario de Desarrollo Rural.

Cartón político de Tony

Sosa Altamira fue el operador político de la candidatura del político y empresario vallisoletano Liborio Vidal Aguilar a la diputación federal del Distrito 01, que Vila Dosal impuso al Partido Acción Nacional, pese a que no cumplía con los acuerdos políticos de nominar en esa demarcación a un representante de la etnia maya.

El nuevo secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Yucatán lleva cerca de 30 años viviendo del erario, en medio de señalamientos de uso de sus influencias y posiciones públicas para sus negocios personales. Siempre de la mano del PRI, Sosa Altamira comenzó su carrera política en 1994 siendo tesorero del municipio de Izamal y para al año siguiente fue electo alcalde (1995-1998).

De 1998 a 2001 fue diputado local y luego repitió la presidencia municipal de Izamal (2001-2004). Después permaneció como consejero político nacional y estatal de su partido hasta la llegada de Ivonne Ortega Pacheco a la gubernatura del estado, quien lo designó director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (2007-2012).

En 2012 contendió para una diputación federal y obtuvo una curul en la LXII Legislatura (2012 a 2015). Fue entonces cuando los problemas para Sosa Altamira comenzaron.

En mayo de 2014, el entonces diputado federal generó una polémica al adelantarse y presentar en Mérida el proyecto “Izamal, Ciudad Luz”. En el acto, el legislador dio muchos detalles, entre ellos el nombre de la empresa Citelum México como la que se encargaría del proyecto, siendo que hasta ese momento estaba en marcha el proceso de licitación, el cual concluyó en noviembre de ese año, dando como ganadora a dicha empresa.

Luego, durante las elecciones de 2015, el grupo de la sociedad civil organizada Mayaleaks documentó y denunció una red de bodegas de regalos atribuida al PRI en Mérida, así como la compra y coacción de votos en el oriente de Yucatán. En este último se implicó a Liborio Vidal Aguilar, entonces candidato a diputado federal autodeclarado no indígena, y a Sosa Altamira, diputado federal saliente.

Sosa Altamira fue uno de los integrantes de la LXII Legislatura federal (2012-2015) a quienes en julio de 2020 se les abrió una investigación por su posible participación en la recepción de sobornos provenientes de la empresa Odebrecht para la aprobación de la iniciativa de reforma energética de Enrique Peña Nieto.

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina. La compañía sobornó a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, incluido México, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Entre los diputados y senadores salpicados por la corrupción de Odebrecht en México se encuentran los yucatecos Sosa Altamira (PRI), María del Carmen Ordaz Martínez (PRI), Mauricio Sahuí Rivero (PRI), Raúl Paz Alonzo (PAN) y Marco Vela Reyes (PRI), Daniel Ávila Ruiz (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Angélica Araujo Lara (PRI) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI).

Les urge mantener el fuero gubernamental pues apenas el mes pasado un juez de control aprobó imponer prisión preventiva contra Jorge Luis “N”, exsenador panista, quien presuntamente recibió sobornos millonarios por el caso Odebrecht.

Siguiendo con su carrera política, Sosa Altamira fue designado en 2015 delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cargo que desempeñó hasta 2018, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en agosto de 2016, más de 50 personas de la Organización General Campesina Popular protestaron a las puertas del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial Federal, acusando a Sosa Altamira de un presunto fraude por 100 millones de pesos en el programa “Apoyo a la Vivienda”.

Entre las principales quejas, los inconformes indicaron que había trabajos inconclusos desde 2013 y que en 10 municipios yucatecos y las comisarías de Mérida apenas y se había concluido 60 por ciento de esas obras de vivienda que afectaban a 700 campesinos, 101 de los cuales firmaron una demanda.

“Despliegan prácticas ilegales como el clientelismo, la opacidad y la no rendición de cuentas, lo que se traduce en ilegalidad y corrupción, favoreciendo sus intereses personales y políticos”, declaró en su momento el representante de la organización, Israel Rodríguez Cortés.

Finalmente, junto con Liborio Vidal, Sosa Altamira anunció en diciembre de 2020 su renuncia a las filas priistas y ahora pasa al Partido Acción Nacional, su principal adversario político por años.

Durante su paso por el PRI, William Sosa acumuló reclamos, pues se le señaló de operar de manera “independiente” según sus intereses, imponiendo candidatos en el centro y oriente del estado, brindando apoyo económico a aspirantes a municipios –como en el caso del motuleño Roger Aguilar Arroyo–, para posteriormente colocar gente afín como asesores, siendo proveedor de algunos servicios o de obra pública, en un claro cobro de facturas políticas.

Socio del Frente Único de Trabajadores del Volante, desde hace años tiene concesiones de taxis que ofrecen el servicio de transporte entre Izamal y Mérida.

En 2020 constituyó la empresa Hospedaje y Servicios Grupo Izamal, S.A. de C.V., que integra los hoteles Rinconada del Convento, Villa San Antonio de Padua y Tuul, así como el restaurante Zamná, todos ubicados en el municipio de Izamal.

En el Grupo Izamal participan sus hijas, entre la que se encuentra Luz María Sosa Garma, directora de Desarrollo Turístico Regional de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Ivonne Ortega, y a quien se le señala de acceder al cargo por influencias de su padre.

Sosa Altamira también es propietario de las empresas Inmuebles Itzmalkauil S. de R.L. de C.V. y Distribuidora WEML, S.A. de C.V.

Como muestra de su riqueza, en 2017, cinco sujetos irrumpieron en su domicilio en Mérida y se apoderaron de una caja fuerte con diversa documentación, pagarés, facturas de vehículos, un revólver calibre 38, así como más de un millón cien mil pesos en efectivo, alhajas de marca, diamantes, relojes, una tableta digital, entre otras cosas.

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