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miércoles, junio 23, 2021
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Continúan las agresiones contra comunidades indígenas de Campeche en torno al Tren Maya

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Los representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria en el estado de Campeche, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que garantice su seguridad, frente a las agresiones y violaciones a derechos humanos que enfrentan en sus comunidades.

Un mes atrás emitieron un comunicado de prensa para denunciar públicamente una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el Tren Maya.

Actualmente, la situación de inseguridad se ha incrementado en las comunidades, pues varias personas en los ejidos han sido amenazadas e intimidadas, incluso a través de la presencia del ejército mexicano. Frente a esto, constituyeron una Unión de comisarios ejidales, a través de la cual, decidirán los temas relacionados con el proyecto del Tren Maya que afecta su tierra, territorio y recursos naturales.

“No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos.”

Asimismo, demandan contar con la información necesaria, de forma previa, oportuna y en un formato culturalmente adecuado, antes de pedirles aprobar o tomar decisiones respecto de este u otro tema que impacte a corto, mediano y largo plazo a sus comunidades.

Como han denunciado en ocasiones anteriores, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de las comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades, aunque la forma de operar fue la misma en términos generales: se presentó una persona en las comunidades, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, diciendo que estaba ahí para realizar las negociaciones por el pago de derechos de vía del Tren Maya.

Dicha persona —la misma en todos los casos— en varias comunidades buscó obtener autorización, e incluso levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la asamblea, y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, no se ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios.

En algunos casos se entregaron cheques a representantes ejidales en el Palacio Federal, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos. En cambio, el representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa.

En el caso del ejido Candelaria, se han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para que desistan del amparo que han presentado.

Es importante reiterar que, en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre solicitaron la información sobre los alcances del Tren Maya, y nunca entregaron los documentos técnicos, jurídicos, ambientales y sociales de los impactos a generar.

En días recientes, algunos ejidos recibieron la visita de representantes de la Procuraduría Agraria y de Fonatur. Sin embargo, la información y el acompañamiento que nos brindaron siguen siendo insuficientes y poco claros, a pesar de que, como autoridades, deberían ser los primeros responsables en vigilar que se garantice el respeto a los derechos humanos.

Respecto a las denuncias penales presentadas hace semanas, en algunos casos ante la Fiscalía del estado de Campeche y en otros ante la Fiscalía General de la República, insistieron en que, hasta el día de hoy siguen sin recibir información sobre el avance de las investigaciones y sobre el estado de las denuncias.

Finalmente, solicitaron una respuesta por parte del presidente argumentando que son personas indígenas mayas que han habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas.

“Tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México.”

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