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jueves, agosto 5, 2021
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El espionaje gubernamental en Yucatán (2)

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La empresa Picorp de México S.A. de C.V., a la que el titular del Ejecutivo local, Mauricio Vila Dosal, otorgó un contrato sin licitación por más de mil 853 millones de pesos para el “Sistema Integral de Videovigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo” del programa Yucatán Seguro, forma parte del Grupo Seguritech, el cual tiene un largo historial de acusaciones de favores políticos, contratos a modo y de espionaje.

Como informamos ayer en El espionaje gubernamental en Yucatán, políticos locales están en la lupa de una investigación mundial por sus vínculos con el espionaje con tecnología israelí. En los próximos días, medios de comunicación de la talla de The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung y The Washington Post publicarán una serie de historias en las que revelarán información detallada sobre la selección de dirigentes mundiales, figuras políticas, activistas de derechos humanos y periodistas como posibles objetivos de este software espía.

Según las fuentes asociadas al Proyecto Pegasus, hay indicios que el gobierno de Yucatán, durante la administración de Rolando Zapata Bello, adquirió ese sistema de espionaje israelí y en las operaciones participaron directamente los secretarios de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda (ratificado por la administración de Mauricio Vila Dosal) y de la General de Gobierno, Roberto Antonio Rodríguez Asaf, quien tiene una gran influencia en el equipo cercano a Vila Dosal.

El negado espionaje en la administración de Rolando Zapata Bello
El negado espionaje en la administración de Mauricio Vila Dosal

El nombre de Seguritech incluso se encuentra en el informe de 2019 de la Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalado por la Organización de Estados Americanos de atentar contra el trabajo de los periodistas Lorena Lamas, Rosario Mosso, Eduardo Villa Lugo del reconocido Semanario Zeta, quienes efectuaron una amplia radiografía del desarrollo de la polémica empresa al amparo de políticos de alto nivel.

La investigación, que formó parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, señala que Seguritech Privada, S. A. de C.V. fue fundada en 1995 en la Ciudad de México, “como un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero que bajo el cobijo del gobierno priísta (de Enrique Peña Nieto) se convirtió en una marca sumamente redituable al monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)”.

La investigación se refiere a más de 10 unidades C5i inauguradas o que se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto y expuso casos concretos de sobreprecios, equipos obsoletos, corrupción y opacidad en los gobiernos de Baja California, Guanajuato y Estado de México.

Una de las irregularidades comunes es que estos contratos son un arrendamiento, pues todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio” y deben devolverse al finalizar la relación, aunque los gobiernos tienen la opción de compra con el pago de dos por ciento del monto total contratado.

Seguritech, fundada por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, fue blanco de señalamientos de espionaje en 2015, luego que WikiLeaks publicó más de 400 gigabytes de mensajes de correo electrónicos sobre contrataciones de software espía por varios gobiernos, incluidos el de Yucatán, a través de la empresa italiana Hacking Team.

Seguritech fue señalada de mantener sociedad con Hacking Team –la cual en apariencia fue vendida a Memento Labs en mayo de 2020 luego del escándalo mundial–, pero la empresa mexicana se desvinculó de la italiana y de otros supuestos vínculos con compañías israelíes.

El Semanario Zeta documentó que el consorcio Seguritech incluye a Comunicación Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, “las cuales se alternan de forma indistinta, logrando monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos C5i del país”.

En un boletín de enero de este año, Seguritech reconoce su relación con el gobierno de Yucatán en materia de drones tácticos: “En México, estos dispositivos ya se han implementado en diversas estrategias a nivel estatal dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana. Entidades como Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Yucatán han integrado con éxito a sus corporaciones patrullajes con drones con el objetivo de eficientar la videovigilancia en sus localidades” (continuará)

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