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La maternidad mexicana será elegida, o no será

Ayer, martes 7 de septiembre de 2021, se consolidó un logro histórico en la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que sienta jurisprudencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes que penalicen el aborto. Pero, ¿qué quiere decir esto y por qué ocurrió?

La discusión inició el lunes 6 de septiembre con la presentación de un proyecto en el Pleno de la Corte, en el que se discutió la inconstitucionalidad del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que señala que el aborto autoprocurado o asistido con consentimiento es un delito que se castiga con una pena de uno a tres años de prisión, disposición que va en contra del principio pro-persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se reconoce en la Constitución federal. Con ocho de 11 votos a favor del proyecto, las y los ministros pudieron haber concluido el asunto, afortunadamente, fueron más allá al día siguiente.

Ahora bien, ¿por qué la Corte hizo la diferenciación entre mujeres y personas gestantes? Bueno, porque no todas las personas que pueden gestar se identifican en su género como mujeres, lo que abre la visibilidad de las personas trans y no binarias. Esto, aunque pudiera parecer exagerado para algunas personas, es un avance gigantesco en la lucha por el reconocimiento de la diversidad de género.

Es importante resaltar que la Constitución mexicana no prohíbe el aborto, entonces ¿por qué algunos estados sí y hasta lo establecen como un delito? Esto es debido a la autonomía que cada uno tiene para legislar; sin embargo, ninguna ley puede estar por encima de la constitución y mucho menos ir en contra de ella. Por eso, aunque la Corte resolvió el caso específico de Coahuila, con la emisión de la declaratoria de inconstitucionalidad se obliga a todas y todos los jueces del país a resolver los casos futuros que criminalicen el aborto a favor de las mujeres y las personas gestantes por el derecho a decidir con autonomía y libertad sobre sus cuerpos.

Recordemos que de los 32 estados que conforman el país, solo Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz han despenalizado el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación.

El Código Penal de Yucatán es muy similar al de Coahuila, pues considera al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, además, a la mujer que es asistida para un aborto, aun cuando sea su elección, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y, lo que considero todavía más grave, es que si quien la asiste es un médico, cirujano, comadrón o partero se les suspende del ejercicio de la profesión de dos a cinco años.

Bajo esa premisa delictiva, muchas mujeres, incluyendo a menores de edad que han llegado a las instituciones de salud pública solicitando atención para practicarse un aborto por violación, el personal no las atiende bajo la “objeción de conciencia” y no faltan los malos tratos que van en contra de los derechos humanos, que denigran y vulneran a las mujeres yucatecas de escasos recursos.

Porque hay que decirlo como es: el aborto existe y ha existido desde siempre. Sin embargo, no todas las mujeres pueden acceder a él y quienes son mayormente criminalizadas son aquellas que viven en una situación de vulnerabilidad social y económica.

A pesar de que el propio Código Penal yucateco reconoce cinco causales por las que el aborto no será sancionable (entre estas, la violación, causas económicas graves y tener más de tres hijos sin los recursos para darles una calidad de vida óptima) la realidad es que no son respetadas y la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 que establece que todas las instituciones públicas de atención médica deben contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto sin ser objetores de conciencia, aplica la frase “viva México” cuando se lavan las manos para no asistir a la mujer que se vuelve una víctima por doble partida: de su situación personal y del sistema.

Ahora, con la declaratoria de inconstitucionalidad, los artículos 389, 390, 391 y 392 del Código Penal del Estado de Yucatán estarán contraviniendo los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, por lo que hay que prestar atención en cómo se conducirán las y los jueces, así como iniciar la lucha ciudadana para que el Congreso de Yucatán actúe en consecuencia y modifique esas disposiciones, porque a nivel nacional seguimos sin una ley general que, después de las declaraciones y posturas presidenciales, ni se espera.

Que quede claro que estar a favor del aborto no es estar en contra de la vida, es estar a favor de la ELECCIÓN, de la educación sexual y reproductiva, de la asesoría en la planificación familiar, precisamente para no tener que abortar por “ignorancia o desconocimiento”. El aborto legal es para no morir en la clandestinidad, porque ninguna mujer se embaraza para después abortar. La maternidad mexicana será elegida, o no será.

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