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jueves, septiembre 23, 2021
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Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir

Ni el Estado ni la iglesia, ni el marido, ni el patrón. Las decisiones sobre nuestra vida reproductiva nos corresponden única y exclusivamente a las mujeres. Al menos, así debería ser en un país libre y democrático. Por eso celebramos el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la penalización del aborto, sentando así un precedente histórico en la búsqueda de equidad para las mujeres mexicanas.

En 1994 algunas activistas unieron los conceptos “derechos sexuales y reproductivos” y “justicia social” y surgió el término justicia reproductiva, que se refiere a todo el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres tener el poder y la autodeterminación sobre su destino reproductivo. 

La justicia reproductiva está ampliamente relacionada con la justicia social, porque implica que todas las mujeres, de todas las clases sociales, etnias, nivel académico, etc., tengamos la misma posibilidad de tomar decisiones saludables sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Por lo tanto, va mucho más allá de la despenalización del aborto, que si bien es fundamental para hablar de autonomía, no es lo único que las mujeres necesitamos.

Esto queda reflejado en una de las consignas del movimiento de la ola verde: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. 

Educación Sexual para decidir

El Instituto Nacional de Salud Pública y Censida realizaron una encuesta entre adolescentes mexicanos para evaluar la educación sexual que habían recibido y encontraron datos alarmantes, como que el 97 por ciento no sabe cómo usar la anticoncepción de emergencia y el 20 por ciento piensa que el condón puede usarse más de una vez.

También nos enfrentamos a una constante amenaza al acceso temprano de educación sexual integral, cuando grupos religiosos logran instalar a sus aliados en los congresos para legislar políticas públicas acorde a sus intereses. Basta recordar que para enero de 2020, en al menos 19 estados del país hubo quien planteó reformar la ley para establecer el Pin Parental, cuyo objetivo era obligar a los centros educativos a solicitar permiso a los tutores para abordar en clases contenidos de moralidad y sexualidad. Aunque esta iniciativa no prosperó, es alarmante la cantidad de gente que estuvo de acuerdo y la promovió.

Anticonceptivos para no abortar

A pesar que en México se encuentra vigente la NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar, que estipula que la consejería debe ofrecerse de manera sistemática a toda la población en edad reproductiva que acuda a los servicios de salud, la realidad es que en la práctica esto no sucede así. 

El acceso de los anticonceptivos se encuentra limitado en nuestro país por varias razones. Entre ellas, que la consejería en planificación familiar se da sin perspectiva de género, y las políticas públicas en esta materia no contemplan tampoco los factores culturales que impiden a las mujeres acceder a ellos. No es por nada que las cifras más bajas de acceso a estos servicios se encuentren entre las mujeres indígenas.

Todavía existen muchos prejuicios sobre la consejería en métodos anticonceptivos, y el personal de salud que la ofrece —muchas veces por desconocimiento de la normatividad vigente— prefiere evitar a los adolescentes que no acuden acompañados de un adulto, para “evitar problemas”, lo que se refleja en el problema serio de embarazo adolescente que tenemos en el país, en el que por lo menos 366 mil niñas menores de edad se embarazan por año, según datos de la OMS.

Aborto legal para no morir

También existe la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres donde se establece que es obligación del sector salud  proporcionar información y servicios de interrupción del embarazo producto de una violación sexual. Sin embargo, esto tampoco se aplica en la realidad. Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado los obstáculos que aún enfrentan las mujeres para acceder a estos servicios, incluso cuando se encuentran dentro de la ley. De hecho, el aborto por violación es la única causal que es legal en todo el país y ni siquiera así hemos podido garantizar el acceso a este servicio. 

El aborto séptico es actualmente la cuarta causa de mortalidad materna en México, y es el resultado de que las mujeres tengan que hacerlo de manera clandestina. Aunque ahora la información para abortar seguras en casa utilizando misoprostol es difundida de muchas maneras por colectivos feministas, las mujeres más pobres y racializadas no siempre pueden acceder a ella.

Un gran paso hacia la justicia reproductiva

El hecho de que se haya despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo desde la Suprema Corte de Justicia y no desde las cámaras habla mucho del nivel de discusión que aún tenemos en ellas, en las que el pensamiento mágico-religioso continúa prevaleciendo sobre la razón.

Por lo pronto, seguiremos exigiendo a los congresos locales que se realicen las modificaciones correspondientes y continuaremos vigilantes de que el sector salud se adecúe a esta nueva disposición y se garantice el ejercicio de este derecho.

La despenalización del aborto es un gran paso hacia la justicia reproductiva, pero como vemos, aún nos falta un largo camino para lograr la equidad y la autonomía plena de las mujeres en nuestro país.

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