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jueves, septiembre 23, 2021
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Se gesta la tercera megadeuda de los yucatecos

Juan José Tun Cosío

Al hacer un balance de la propuesta presupuestal federal, la Secretaría de Administración y Finanzas que encabeza Olga Rosas Moya observó la disminución de recursos en términos reales para el próximo año y dejó entrever actividades para las que requerirá más recursos en 2022. Con una LXIII legislatura totalmente a modo, prepara la narrativa propia de un tercer, injustificado mega endeudamiento de los yucatecos.

Para pagar las aportaciones de su campaña a la gubernatura en 2018 y la precandidatura presidencial de 2024, en julio de 2019 Mauricio Vila endeudó a los yucatecos con 2 mil 620 millones de pesos para su programa Yucatán Seguro y nueve meses más tarde, en abril de 2020, solicitó nuevo endeudamiento, ahora de mil 728 millones de pesos, que para la pandemia.

En ninguna de sus dos megadeudas este gobierno ha sido transparente. En el primer caso, argumenta “asunto de seguridad nacional” y en el segundo, la emergencia sanitaria. En ambos, el manejo discrecional y opaco de las finanzas públicas en esta administración no fue un obstáculo para confirmar que gran parte de ese dinero fue a parar a familiares y amigos de integrantes del gabinete, en particular de la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, y por supuesto, de Olga Rosas.

Mediante sus comunicados, el gobierno yucateco inició su narrativa de falta de dinero en asuntos relacionados con la salud, por las medidas de prevención contra el coronavirus y la atención a pacientes; la adecuación de las escuelas por la implementación del protocolo que tiene como objetivo proteger a alumnos y maestros, así como la necesaria inversión en materia de seguridad, en capital humano e infraestructura, “para conservar los niveles de paz que caracterizan al estado”.

Olga Rosas se queja ahora de la forma como se calcula la distribución de los recursos, pues dice que la fórmula incluye, entre otras variables, el crecimiento de la economía local, mismo que incide en una disminución de la distribución, algo que acontece en Yucatán como consecuencia, asegura, “del programa de reactivación económica y la atracción de nuevas inversiones privadas”.

De acuerdo con un análisis de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 enviado hace unos días a la Cámara de Diputados, Ciudad de México es la entidad federativa con el mayor gasto programable neto, con 2.03 billones de pesos (38.7 por ciento del total a repartir), ya que concentra a la mayoría de las dependencias federales. Le siguen Tabasco, con 266,999 millones de pesos (5.1% del total) y Campeche, con 258,452 millones (4.9 por ciento).

Ciudad de México y Tabasco se encuentran gobernados por Morena, mientras que en Campeche la hará la morenista Layda Sansores San Román.

El gasto programable es el que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, según los distintos propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Por su naturaleza, se divide en gasto de inversión y gasto corriente.

En comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, los mayores incrementos reales del gasto programable de 2022 se darán en Tabasco (32.9 por ciento), Quintana Roo (28.7 por ciento), Chihuahua (25.7 por ciento), Campeche (23.1 por ciento), Sinaloa (23.0 por ciento) y Sonora (22.1 por ciento).

Con excepción de Quintana Roo y Chihuahua, todos esos estados del país estarán gobernador por Morena y sus aliados el próximo ejercicio fiscal.

Para 2022, las únicas caídas que se proyectan al gasto programable con respecto a 2021 se reflejarían en Chiapas (-1.4 por ciento), Estado de México (-4.8 por ciento), Yucatán (-9.7 por ciento) y Nuevo León (-14.2 por ciento), los cuales estarán gobernados el próximo año por PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 el gasto programable será de 5.25 billones de pesos, 9.6 por ciento más en términos reales que lo aprobado para 2021.

En tanto, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa advierten que la situación financiera del país podría verse comprometida, pues consideran que los ingresos proyectados son demasiado optimistas, y en caso de un déficit habría recortes al gasto y más endeudamiento.

El IMCO señala que, aun considerando el pronóstico optimista de un incremento de los ingresos tributarios de ocho por ciento, y de los petroleros por 12 por ciento, “la realidad es que siguen faltando recursos. Para el próximo año se proyecta que Pemex, las pensiones y el costo de la deuda tengan un presupuesto 70 por ciento más grande que el destinado a salud, educación y seguridad”.

“En el capítulo de inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 se estima un presupuesto de 523 mil 369 millones de pesos, un sorprendente incremento real de 17 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, este paquete, al igual que el anterior, confunde lo grandioso con lo grandote. Se redobla la apuesta para grandes proyectos de dudosa rentabilidad y costos incrementales. El 71.1 por ciento de la inversión para el próximo año se concentrará en Pemex, 12.1 por ciento en la Secretaría de Turismo (principalmente por el Tren Maya) y sólo 6.4 por ciento en proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, destaca.

La organización México Evalúa, por su parte, calificó el primer ejercicio presupuestal de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, de “más optimista que el bosquejo que había dejado Arturo Herrera en los Precriterios Generales de Política Económica, presentados en abril. En todos los rubros, como crecimiento del PIB, plataforma petrolera, precio del petróleo, ingresos y gastos se estiman mayores aumentos frente a 2021. Vemos difícil que se cumplan”.

La organización añade que “en 2022 se cumplirán 15 años a lo largo de los cuales los ingresos son inferiores al gasto público. En este Paquete Económico se propone pronunciar la brecha entre los ingresos y los gastos, será la más amplia desde 2015. La promesa de austeridad se desmorona”.

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