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miércoles, mayo 25, 2022
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Yucatán, en atlas internacional de conflictos ambientales

Juan José Tun Cosío

Un observatorio internacional de conflictos sociales en torno a asuntos ambientales coloca a Yucatán en un atlas internacional con una decena de casos, la mayoría relacionados con proyectos de energías renovables que están en pugna por graves irregularidades y “que ilustran perfectamente el patrón de actuación bajo el cual se intentan desarrollar proyectos eólicos en México”.

El Atlas de Justicia Ambiental documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a temas ambientales en comunidades que luchan por defender su tierra, aire, agua, bosques y sus medios de vida de proyectos dañinos y actividades extractivas con graves impactos ambientales y sociales: minería, represas, plantaciones de árboles, fracturación hidráulica, quema de gas, incineradores, etcétera.

El Atlas de Justicia Ambiental recopila estas historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental de todo el mundo, y su objetivo –de acuerdo con los responsables del sitio– es hacer que estas movilizaciones sean más visibles, resaltar reclamos y testimonios, y exigir la responsabilidad empresarial y estatal por las injusticias infligidas a través de sus actividades.

El Atlas está dirigido por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con el apoyo del European Environmental Bureau, entre decenas de organizaciones de varios países de Europa, África y América Latina.

También intenta servir como un espacio virtual para que quienes trabajan en temas de justicia ambiental obtengan información, encuentren otros grupos que trabajen en temas relacionados y aumenten la visibilidad de los conflictos ambientales.

En el caso de Yucatán, en el Atlas se encuentran diversos proyectos con impacto para la región:

Parque Eólico Chicxulub (Ixil)

“En la Península de Yucatán, la comunidad maya Ixil se opone a un proyecto de molino de viento grande y la privatización de sus tierras de uso común, vinculado a este proyecto y la expansión urbana de Mérida”, señalan los responsables del Atlas.

Este caso “ilustra perfectamente el patrón de actuación bajo el cual se intentan desarrollar proyectos eólicos en México (proceso informativos y consultivos inexistentes e inadecuados, estudios ambientales poco serios e incompletos, irregularidades en los contratos de renta de tierras, criminalización de la protesta, etcétera). Este modus operandi se usa desde hace muchos años para proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec y ahora se repite en la península de Yucatán”.

El proyecto comprende la instalación de 20 aerogeneradores, según la MIA, pero 32 de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social, con una potencia de 3.57 MW cada uno (71.40 MW de potencia total), en un área de mil 156.68 hectáreas en tierras de propiedad social y nacional de Ixil. Adicionalmente se incluye una línea de transmisión con 76 torres (28.59 km de largo) y derecho de vía de 20 metros, lo que suma un área total de 57.16 hectáreas.

El proyecto ha fomentado procesos irregulares de intentos de acaparamiento de tierras de propiedad social y nacional que destruiría la tenencia colectiva y su organización agraria local.

El conflicto de tierras comenzó desde 2014, cuando Alejandro Escoffié Gamboa usó de manera fraudulenta un permiso ejidal para realizar el trámite de inscripción de un acta de asamblea del ejido de Ixil para parcelar y poner en venta cinco mil 355 hectáreas de tierra de uso común.

El conflicto agrario no está resuelto y el proyecto sigue vigente, lo que continúa generando fuerte tensión y conflicto social, sobre todo por las presiones económicas derivadas de la especulación financiera sobre el valor de la tierra por el proyecto y del proceso de expansión de la zona metropolitana, donde se desarrollan numerosos fraccionamientos, incluyendo Ixil.

Los responsables del sitio añaden que, por su dimensión, infraestructura y requerimientos técnicos, de instalarse el proyecto tendría fuertes afectaciones al sistema socio-ambiental local y regional, y en sus usos productivos –horticultura, apicultura, recolección de leña, acceso al agua y a la zona costera– y servicios ambientales.

Además, se pretende ubicar en una zona de especial interés para su conservación, por su cercanía con la zona costera (a menos de cinco kilómetros) y las áreas de influencia de los manglares. En el área de afectación directa se encuentran lugares de relevancia biocultural, incluyendo manantiales y cenotes, algunos de los cuales son considerados, además, por tener acepciones sobrenaturales de la cosmogonía maya.

El emplazamiento del proyecto en esta zona contraviene también los criterios de regulación ecológica del Programa de Ordenamiento Costero del Estado de Yucatán, que indican que el ecosistema es apto para actividades recreativas y de bajo impacto (campismo, observación de fauna, etcétera).

Pese a estas condiciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto, aunado a serias irregularidades en su proceso de Evaluación de Impacto Social, pues se menciona que el predio corresponde a propiedad privada, afirmación incorrecta, pues de las mil 156 ha previstas para su desarrollo más de la mitad (639 ha) están en propiedad social: 224 ha de tierra de uso común del ejido de Ixil y 415 ha de tierras parcelas del ejido de San Ignacio Petzbalam.

Desde finales de 2019 hay un proceso judicial que anularía los trámites irregulares en los que incurrió la empresa en materia agraria y que repercutiría en los otros permisos obtenidos por la empresa, sin embargo, los ejidatarios de Ixil han observado recientemente trabajos de desmonte y apertura de caminos en el área de manos de gente de Timul (una pequeña comisaría colindante a Ixil) y les preocupa que sea una estrategia para la continuación del proyecto, reubicando parte de éste, para ganar la simpatía de la población colindante, que carece de derechos agrarios sobre las tierras donde la empresa está trabajando.

La empresa continúa recurriendo a intermediarios y consultores para ejercer presión sobre los vecinos de las comunidades y acepten el proyecto. (Continuará)

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